Este proceso ha sido implementado con el objetivo de agilizar la extradición de personas que hayan cometido delitos en otros países y que se encuentren en Bulgaria.

Las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la PGR solicitan la intervención de esta Institución para iniciar un procedimiento de extradición de una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable.

Esta situación ha generado un debate legal y político sobre la validez de la orden de detención europea emitida por España y la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Después de la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el caso se remite al Poder Judicial para su revisión. El Poder Judicial determina si se cumplen todos los requisitos legales y si hay pruebas suficientes para justificar la extradición.

En cuanto al procedimiento de extradición, la ley establece que la solicitud debe ser presentada por vía diplomática y debe incluir la información necesaria sobre la persona a extraditar y los delitos por los que se le acusa.

Una vez admitida, el Juez notifica al agraviador de la solicitud de extradición realizada en su contra.

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Durante el proceso de extradición, la persona a extraditar tiene derecho a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.

Sí, la extradición puede ser negada si se considera que no se cumplen los requisitos legales para concederla, si se puede demostrar que la persona será sometida a torturas o tratos inhumanos o si se considera que la solicitud es política.

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En muchos casos, los países pueden optar por juzgar a los acusados en su propio territorio utilizando su propio sistema legal. Sin embargo, esto puede limitar la capacidad de España para garantizar que los responsables rindan cuentas y enfrenten la justicia.

El Estado requerido CONCEDE o NIEGA la extradición, cabe señalar que pueden ser recurribles ambas decisiones tanto por la defensa del click this over here now reclamado como por la Fiscalía que defiende la postura del gobierno mexicano reclamante de la extradición.

Si el país solicitado no concede la extradición, la persona acusada o condenada no puede ser entregada. En algunos casos, el país solicitante puede optar por juzgar a la persona en su propio territorio.